Desde
el día 28 de Diciembre de 2004, en España contamos con la Ley Orgánica 1/2004,
de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. Esta Ley es de
las más avanzadas del momento, a nivel mundial. Tania Riski, que fue
coordinadora de la Campaña del Consejo de Europa contra la Violencia Sexista,
ya decía hace años, sobre esta Ley española, que “era una de las mas completas
y avanzadas de Europa”.
Por si
esto fuera poco, en Marzo de 2011 se aprueba la Ley 2/11 del Principado de
Asturias para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Género. Esta Ley autonómica tiene entre sus objetivos: “erradicar la Violencia de Género, implantan
un modelo de atención a víctimas de la violencia de género, conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre”.
Sin
embargo, las mujeres seguimos padeciendo violencia a manos de nuestras parejas o exparejas.
Violencia física, hasta llegar a la muerte; violencia
psicológica, que trata de anularnos como personas y como mujeres; y violencia
económica, que es la última fase del “como
no la tengo cerca para hacer más de lo que ya le hice, la voy a hundir, que
pase hambre y que no levante cabeza”.
Pues
bien, con independencia de todas las modificaciones que se están haciendo desde
el gobierno, de un tiempo a esta parte, al objeto de acabar con los derechos
que íbamos consiguiendo las mujeres en materia de igualdad nos preguntamos, ¿Qué está pasando con la aplicación de las leyes que protegen a las
mujeres? ¿Cómo aplican estas leyes los jueces y las juezas?
Es
grande la preocupación que se respira en el ámbito jurídico asturiano, sobre
todo entre las abogadas y abogados que, a diario, trabajamos en los juzgados
con mujeres víctimas de violencia de género.
A nivel estatal han
disminuido las órdenes de protección para las mujeres. Pero a nivel de nuestra
comunidad han disminuido, en los dos últimos años, hasta el punto de pasar a
estar en penúltima posición entre todas las comunidades autónomas.
¿Por
qué han disminuido estas órdenes? ¿Quizás se está agotando la violencia contra
las mujeres? No. Lamentablemente no es por eso.
Las órdenes de protección
son denegadas, casi sistemáticamente, por los juzgados de Violencia Sobre la
Mujer, en los municipios en los que estos juzgados existen, y por casi todos
los juzgados de instrucción, en el resto de municipios.
Estas
decisiones de los encargados de aplicar la ley, genera miedo y desánimo en las
mujeres a la hora de denunciar y, así pues, nos encontramos que las órdenes de
protección disminuyen por el simple hecho de que en los juzgados se deniegan, y
porque, ante estos hechos, las mujeres nos retraemos por el miedo a salir del
juzgado sin es orden de protección” que nos tiene que preservar de nuestros
maltratadores: la víctima sale del juzgado con miedo, el maltratador sale del
juzgado crecido.
¿Los
motivos de esta forma de actuar del poder judicial? No nos dejemos engañar:
tras la gran mayoría de estas actitudes ante las mujeres se encuentra una
cuestión de ideología pura y dura. Y, por supuesto, una falta de sensibilidad y
empatía total y absoluta por parte de esas personas, los jueces y las juezas,
de las cuales esperamos protección y, de una gran mayoría de ellos y ellas,
solo conseguimos desprecio y trato vejatorio.
Porque, si, parece ser que
en ellos y ellas subyace la idea de que “las mujeres mentimos al denunciar”,
idea que pretenden transmitir al resto de la sociedad, con los archivos y
sobreseimientos de las denuncias interpuestas por las mujeres maltratadas.
Pero, ante esto, nada más y
nada menos, nos queda el poder facilitar datos oficiales:
El Observatorio para la
Violencia de Género, hace públicos los datos de la Memoria Anual de la Fiscalía
para el ejercicio 2012: durante este año, se interpusieron 128.543 denuncias
por violencia machista. De ellas, solo 32 resultaron ser denuncias falsas. Un
0,0038 % del total de las denuncias. Bastante menos que en cualquier otro tipo
de delito.
Se puede concluir que algo
está fallando en la aplicación de la Ley y el apoyo a las víctimas no está
siendo una prioridad.
Esto, señoras y señores, hay
que pararlo.
¡¡Que ni una mujer más entre
llorando a un juzgado solicitando protección, y salga llorando del juzgado como
consecuencia del “maltrato” de quién tiene el deber, jurídico y moral, de
protegerla!!
Ana
Isabel Ruiz Gutiérrez, Presidenta de la Asociación
de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias.