NO ME SENTENCIES

Desde el día 28 de Diciembre de 2004, en España contamos con la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. Esta Ley es de las más avanzadas del momento, a nivel mundial. Tania Riski, que fue coordinadora de la Campaña del Consejo de Europa contra la Violencia Sexista, ya decía hace años, sobre esta Ley española, que “era una de las mas completas y avanzadas de Europa”.

Por si esto fuera poco, en Marzo de 2011 se aprueba la Ley 2/11 del Principado de Asturias para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género. Esta Ley autonómica tiene entre sus objetivos: “erradicar la Violencia de Género, implantan un modelo de atención a víctimas de la violencia de género, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre”.

Sin embargo, las mujeres seguimos padeciendo violencia a manos de nuestras parejas o exparejas.

Violencia física, hasta llegar a la muerte; violencia psicológica, que trata de anularnos como personas y como mujeres; y violencia económica, que es la última fase del “como no la tengo cerca para hacer más de lo que ya le hice, la voy a hundir, que pase hambre y que no levante cabeza”.

Pues bien, con independencia de todas las modificaciones que se están haciendo desde el gobierno, de un tiempo a esta parte, al objeto de acabar con los derechos que íbamos consiguiendo las mujeres en materia de igualdad nos preguntamos, ¿Qué está pasando con la aplicación de las leyes que protegen a las mujeres? ¿Cómo aplican estas leyes los jueces y las juezas?

Es grande la preocupación que se respira en el ámbito jurídico asturiano, sobre todo entre las abogadas y abogados que, a diario, trabajamos en los juzgados con mujeres víctimas de violencia de género.

A nivel estatal han disminuido las órdenes de protección para las mujeres. Pero a nivel de nuestra comunidad han disminuido, en los dos últimos años, hasta el punto de pasar a estar en penúltima posición entre todas las comunidades autónomas.

¿Por qué han disminuido estas órdenes? ¿Quizás se está agotando la violencia contra las mujeres? No. Lamentablemente no es por eso.

 Las órdenes de protección son denegadas, casi sistemáticamente, por los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, en los municipios en los que estos juzgados existen, y por casi todos los juzgados de instrucción, en el resto de municipios.

Estas decisiones de los encargados de aplicar la ley, genera miedo y desánimo en las mujeres a la hora de denunciar y, así pues, nos encontramos que las órdenes de protección disminuyen por el simple hecho de que en los juzgados se deniegan, y porque, ante estos hechos, las mujeres nos retraemos por el miedo a salir del juzgado sin es orden de protección” que nos tiene que preservar de nuestros maltratadores: la víctima sale del juzgado con miedo, el maltratador sale del juzgado crecido.

¿Los motivos de esta forma de actuar del poder judicial? No nos dejemos engañar: tras la gran mayoría de estas actitudes ante las mujeres se encuentra una cuestión de ideología pura y dura. Y, por supuesto, una falta de sensibilidad y empatía total y absoluta por parte de esas personas, los jueces y las juezas, de las cuales esperamos protección y, de una gran mayoría de ellos y ellas, solo conseguimos desprecio y trato vejatorio.

Porque, si, parece ser que en ellos y ellas subyace la idea de que “las mujeres mentimos al denunciar”, idea que pretenden transmitir al resto de la sociedad, con los archivos y sobreseimientos de las denuncias interpuestas por las mujeres maltratadas.

Pero, ante esto, nada más y nada menos, nos queda el poder facilitar datos oficiales:

El Observatorio para la Violencia de Género, hace públicos los datos de la Memoria Anual de la Fiscalía para el ejercicio 2012: durante este año, se interpusieron 128.543 denuncias por violencia machista. De ellas, solo 32 resultaron ser denuncias falsas. Un 0,0038 % del total de las denuncias. Bastante menos que en cualquier otro tipo de delito.

Se puede concluir que algo está fallando en la aplicación de la Ley y el apoyo a las víctimas no está siendo una prioridad.

Esto, señoras y señores, hay que pararlo.

¡¡Que ni una mujer más entre llorando a un juzgado solicitando protección, y salga llorando del juzgado como consecuencia del “maltrato” de quién tiene el deber, jurídico y moral, de protegerla!!

Ana Isabel Ruiz Gutiérrez, Presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias.